Hoy 12 de marzo hace 30 años que
Raquel Natalia Lagunas (17 años) y Sergio Antonio Sorbellini (19), fueron ultimados a balazos, el 12 de marzo de 1989, en Río Colorado. Toda una comunidad se ha mantenido unida con la única motivación de luchar para saber quién asesinó a los jóvenes, ni siquiera una hipótesis firme hasta el día de hoy.

Ese largo recorrido de impunidad arrojó policías detenidos y acusados de destruir pruebas, un juez destituido por juicio político, dos personas condenadas y poco después absueltas, y un par de testigos que se suicidaron.

   La pareja fue hallada sin vida un día después, a la vera de un canal de riego, detrás del predio de la Sociedad Rural.

 Se sostiene que siempre intentaron desviar la investigación, los padres afrontaron el desafío de evitar que la causa pase al olvido, en 1998 falleció el padre de Sergio, Herminio “Chiche” Sorbellini, también murieron Leandro Lagunas (el año pasado) y Graciela Lambert (2010), padres de Raquel.

 “Los chicos vieron algo raro» decía la mamá de Sergio en alguna oportunidad. «Un tema de droga. Desde el principio yo dije que los mataron porque los chicos vieron algo”.

Otra sospecha fue que la pareja había visto alguna operación relacionada con contrabando de ganado: en aquella época, una barrera sanitaria impedía el ingreso de carne con hueso a Río  Negro.
Se cree que la operación era ingresar ganado a través del río y venderlo como si fuera de producción local, lo que duplicaba su valor.

Lagunas, padre de Raquel, dijo en una oportunidad a un medio nacional que tres personas tuvieron que ver con la muerte de los jóvenes y llegó a esa conclusión luego de que una testigo declarara que en la escena del crimen hubo un Renault 18 perteneciente a la Legislatura, donde iban tres personas.

Las hipótesis se vieron reforzadas luego que Eustaquio Lezcano, uno de los testigos muertos, dejara una carta por la que, en 1996, fue allanado un campo ubicado cerca de donde aparecieron los cuerpos.

   El procedimiento realizado en el establecimiento rural arrojó resultado negativo.

   La otra persona que se quitó la vida disparándose con un rifle fue Adalberto Dante Carrasco, quien tomó la drástica decisión luego que trascendiera públicamente su supuesta relación con los crímenes.

 La falaz investigación desarrollada motivó que, el 6 de septiembre de 2001, los padres decidieran llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

   Los padres de las víctimas consideraron que, a partir del hallazgo de los cuerpos sin vida de sus hijos, en lugar de realizarse una investigación eficaz se habría desplegado una actividad policial con el fin de encubrir el hecho y borrar o tergiversar las pruebas.

Como consecuencia de una serie de irregularidades fueron condenados a prisión perpetua un albañil menor de edad y el camionero Raúl García.

   Ambos fueron involucrados a partir de una pericia balística falsa realizada por Julio Arriola (luego fue sentenciado por lo ocurrido) de un arma secuestrada por la policía.

   Al juicio también llegó imputado Héctor Fabián Llavel, aunque resultó absuelto.

   Las condenas fueron dictadas en diciembre de 1990 por los jueces Raúl Bosch, Rafael de la Rosa y Aldo Rolando, de la Cámara III del Crimen, de General Roca.

 En 1992 el Superior Tribunal de Justicia Provincial declaró la nulidad de la causa, por lo que el juez de instrucción Juan Rodolfo Torres liberó a los detenidos.

 En junio de 1998 el Consejo de la Magistratura de Río Negro destituyó al juez de San Carlos de Bariloche, Fernando Bajos, por considerar que cometió «graves irregularidades» en la instrucción de la causa abierta por el doble.

Los dos jóvenes se recibieron el mismo año (1988). Él estudiaba en la Escuela Agrotécnica de Guatraché y ese mismo mes de marzo tenía que ir a retirar el diploma, se había recibido de técnico agrónomo, Raquel había terminado el secundario.

   Los padres de las víctimas siempre sostuvieron que el 12 de marzo, luego de la hora de almuerzo, los jóvenes fueron a un sector de campo, en una bicicleta doble, con el propósito de buscar pasto para sus conejos, y como no regresaban comenzaron a buscarlos. Junto a familiares, hallaron los cuerpos al día siguiente.

 A partir del hallazgo -los cuerpos presentaban varios impactos de bala, marcas de quemaduras de cigarrillo y uno de ellos tenía signos de haber sido orinado-, las irregularidades en la primera etapa del proceso y comprobadas años más tarde, estuvieron dadas en que no solo no se resguardó, sino que fueron borradas huellas en el lugar en el que encontraron los cadáveres.

Se comprobó también que fue sustituida la ropa interior de la chica, fraguaron la pericia balística, las declaraciones testimoniales y las actas de procedimiento. No fueron realizadas las autopsias descriptas por los médicos y desaparecieron varios elementos secuestrados por autoridades policiales.

 El gobierno rionegrino reconoció su responsabilidad por las deficiencias en la investigación del hecho y sus consecuencias jurídicas, por lo que le abonó cien mil dólares a cada una de las familias, más el concepto de honorarios correspondientes a los abogados intervinientes, en el marco de un acuerdo en el que los particulares damnificados se comprometieron a renunciar de manera definitiva e irrevocable a iniciar cual otro reclamo por el tema.

30 años, Río Colorado sigue recordando a Sergio y Raquel.



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