El fiscal Guillermo Lista pidió a la Oficina Judicial que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos contra quince empleados municipales sospechados de formar parte de una supuesta asociación ilícita para vender licencias de conducir de manera irregular.

Lista resolvió avanzar con la causa tras recolectar durante dos años evidencias, que comprometen presuntamente a los empleados vinculados a la dirección municipal de Tránsito y Tránsito, donde se perpetraron las maniobras. Fuentes judiciales informaron que Lista pidió el viernes la audiencia de formulación de cargos contra quince imputados, cuya identidad mantuvieron en reserva. Explicaron que la investigación preliminar demandó meses de trabajo porque se trata de una causa compleja.

Comentaron que el fiscal tiene pruebas que revelan que los sospechosos entregaron más de medio millar de licencias de conducir sin cumplir con los requisitos legales. El período investigado va desde 2014 hasta septiembre de 2016, cuando se descubrieron las maniobras. “Sacaban licencias en diez minutos, los sábados o domingos. Estamos ante una verdadera asociación ilícita”, confiaron las fuentes. Por eso, funcionarios municipales denunciaron a principios de septiembre de 2016 las presuntas irregularidades en la fiscalía y el gobierno municipal intervino el área de Tránsito.

Fuentes oficiales indicaron que abogados de la municipalidad se presentaron el viernes y pidieron que se autorice al municipio como querellante en la causa. La investigación preliminar estableció hasta ahora que una intermediaria (que no es empleada del municipio) captaba interesados para comprar las licencias. Se trataba de personas que no podían acceder a un carné de conducir porque no cumplían los requisitos, es decir, estaban inhibidos, tenían deudas con el municipio o antecedentes penales. La intermediaria pasaba los datos a los empleados municipales sospechados que emitían la licencia, sin que el conductor aprobara los exámenes ni presentara la documentación. El perjuicio económico no se determinó aún, pero las fuentes comentaron que se pagaban unos 3.000 pesos por carné, a valores de 2016.

En la causa hay evidencias que se obtuvieron por intervenciones telefónicas autorizadas por la justicia, declaraciones de testigos y denuncias de contribuyentes.

Fuente: Río Negro

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