Luego de 11 años y dos procesos judiciales con idénticos resultados, este miércoles 24/4 se cerró un primer ciclo en la causa sobre el homicidio de Atahualpa Martinez Vinaya que aún continúa impune. Con el envío del expediente a la Fiscalía para definir si investigarán al hombre mencionado con insistencia durante el juicio, para la familia comienza una nueva etapa de búsqueda de la verdad y justicia.

El Tribunal integrado por los jueces Carlos Mussi, Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde absolvió hoy a los tres imputados por el homicidio del joven Atahualpa Martínez Vinaya y remitió al Ministerio Público Fiscal las actuaciones de la causa para que defina si investigará a Leandro Mildenberger, mencionado por varios testigos como presunto autor del hecho ocurrido el 15 de junio de 2008.

Con la sentencia que se conoció hoy, concluyó una larga y penosa etapa de un caso que dejó al desnudo los problemas estructurales del Poder Judicial al enfrentarse a crímenes complejos que podrían estar ligados al narcotráfico y atraviesan a las instituciones del Estado.

En 11 años hubo dos juicios que, si bien tuvieron diferencias sustanciales para la familia de la víctima, llegaron ambos al mismo resultado: la absolución de los tres acusados María Belén Fernández Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Rodrigo Morales Toledo.

En el primer juicio realizado en 2014, los imputados fueron absueltos por un Tribunal presidido por el ex juez Juan Antonio Bernardi. En ese proceso que se desarrolló sin la participación de la familia como Querellante, los jueces invalidaron el secuestro de una campera que tenía rastros de sangre del joven asesinado y, supuestamente, había sido hallada en la propiedad de Carrasco. Sin esa prueba, considerada clave, la acusación cayó y terminó con el sobreseimiento.

Posteriormente, el juicio fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que dispuso un nuevo debate.

El segundo proceso tuvo el mismo resultado pero hubo una diferencia sustancial: la familia ingresó como Querella para impulsar la investigación y participar de las audiencias. En ese marco, se pidieron medidas de ampliación de prueba y un nuevo estudio de ADN sobre la campera, con tecnología más avanzada.

El resultado de ese análisis fue clave para la sentencia que se escuchó hoy: se determinó la imposibilidad de identificar un perfil genético minoritario en la prenda que involucre a los acusados. 

El tribunal presidido por Carlos Mussi puso el acento en el testimonio del Dr. Corach, del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que fue terminante a la hora de señalar que los rastros minoritarios podían pertenecer a cualquier persona.

La audiencia se desarrolló sin la presencia del fiscal Hernán Trejo que sostuvo la acusación y pidió la pena de 17 años de prisión para Carrasco y Morales Toledo; y la absolución para Fernández Barrientos.

La sentencia fue en línea con los alegatos de la Querella que señaló que ninguno de los tres acusados era responsable del asesinato de Atahualpa y pidió que se investigue a Leandro Mildenberger mencionado con insistencia en el debate. 

Los jueces argumentaron que no se logró acreditar de manera precisa ni la participación ni la motivación de los acusados para cometer el homicidio.

«Los elementos de prueba incorporados en la acusación resultan ambiguos, merecen reparos o resultan insustanciales desde el punto de vista de su eficacia probatoria. Ni siquiera existen indicios que permitan inferir las razonablemente las causas o el móvil del delito», subrayaron.

Mussi, Gandolfi y Valverde consideraron que no se pudo acreditar el vínculo entre los acusados y la víctima. Tampoco «se ha colectado prueba que ubicara al mismo tiempo a la víctima y los supuestos victimarios en el pub» ni «existió situación alguna que pudiera generar una gresca o situación de violencia física o verbal».

Para el Tribunal, tampoco se logró acreditar que el cuerpo fuera trasladado en una camioneta Ford blanca, ya que no se hallaron rastros genéticos ni huellas y el trabajo de los canes no dio resultados positivos. Además, no se logró secuestrar ningún arma de fuego que pudiera ser utilizada en el hecho.

Junto con la resolución, los jueces dispusieron que se retiren las tobilleras electrónicas a los ahora sobreseídos.

Fuente: VDM

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