El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) vive momentos de mucha tensión por la baja de la adscripción de 6 empleados agremiados a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) que motivó reclamos gremiales y una denuncia penal de una de las responsables del organismo.

Según pudo reconstruir VDM Noticias, el conflicto que aparenta tener ribetes políticos, comenzó este jueves pasado el mediodía cuando tres empleados del Ministerio de Salud y otros tres del Ministerio de Desarrollo Social, recibieron cartas en las que se les informaba que a partir de hoy viernes 26/4 debían regresar a su lugar de origen.

La noticia provocó malestar, la presencia del sindicato en el lugar y una posterior denuncia penal de la coordinadora Belén Álvarez Costa, por presunta violencia de género en su contra.

La primera exposición fue realizada en la Comisaría 1° alrededor de las 14 horas de ayer y, a partir de ese momento, comenzó un rápido accionar del Ministerio Público Fiscal para tomar declaraciones y ordenar allanamientos en la sede de UPCN (de Tucumán al 100) para incautar celulares y cámaras de vigilancia.

Los operativos ordenados por la fiscal Maricel Viotti Zilli se realizaron hoy cerca de las 12 del mediodía y se extendieron hasta cerca de las 14 horas.

Durante el operativo se impidió el ingreso y egreso de cualquier persona a la sede gremial. Este medio intentó hablar con algún responsable a cargo pero la representante del Ministerio Fiscal no estaba presente en el allanamiento y la Policía no brindó mayor información. 

Esto motivó el reclamo del secretario de la Mesa Directiva de UPCN, Omar Pizzio, a quien se le impidió el ingreso. «Siendo secretario de UPCN no puedo entrar. Tienen órdenes de no dejar ingresar ni salir a nadie. Los policías están siendo atendidos como corresponde, sin inconvenientes, les hemos ofrecido el baño y la cocina pero a mí no me dejan entrar, no puedo entrar a mi propia casa», cuestionó.

Pizzio desmintió las denuncias realizadas por el Gobierno de Río Negro después de la reunión que se realizó ayer en el IPAP y afirmó que «no hubo hecho de violencia».

«Hubo intercambios verbales de subido tono, podríamos decir, pero en ningún momento hubo ningún episodio de violencia, ni nada que tuviera que reclamarse a la gente que entró, como cuestiones que se hayan roto», afirmó.

Por su parte, la coordinadora del área Secundario del IPAP, María Eugenia Aicardi, relató su versión de los hechos a VDM Noticias. 

La psicopedagoga es nuera del secretario General, Juan Carlos Scalesi, y tiene 11 años de antigüedad en el IPAP. Según informó, el martes 16/4, el presidente del organismo, Martín Alcalde, le comunicó que «me tenía que ir por cuestiones políticas». 

«Yo no milito ni política ni gremialmente así que le pedí que me explique las cuestiones políticas y me dijo que Selva Sánchez, que es la representante de ATE en el directorio del IPAP, había pedido que yo me fuera porque estoy casada con el hijo de Scalesi» expresó y agregó que «me dijo que no me podía cuestionar ni como trabajadora ni como persona, que él sostenía que yo era una de las mejores personas que tenía en el IPAP pero que por mi condición de esposa de un hijo de Scalesi me tenía que ir».

Finalmente, su caso habría quedado congelado porque Aicardi no es adscrita de otro organismo. El tema resurgió ayer cerca de las 13 horas cuando personal de Recursos Humanos puso fin a las adscripciones de 6 empleados que tienen en común ser afiliados a UPCN.

«Les dijeron que terminaban su adscripción y que hoy tenían que presentarse en sus organismos de origen sin decirles nada más. Una compañera se angustió mucho, se puso a llorar. En ese momento se descompuso y a partir de ahí decidimos ir a hablar con la coordinadora Belén Alvarez Costa. Golpeé la puerta, pedí permiso e ingresé a la oficina junto con dos compañeras más que habían recibido su carta también. Le pedimos que nos expliquen qué había sucedido, cuáles eran los motivos por los que estaban desafectando a la gente. Y ahí ella se violentó, se puso muy nerviosa, empezó a gritar, que salgamos de su oficina, que no nos iba a explicar a todas juntas, que nos iba a explicar de a uno y que tenía toda la tarde para explicarnos», afirmó Aicardi. 

«En ese momento me puse a filmar la situación para protegerme porque entendí que estamos absolutamente desprotegidos, que con esta gente no se puede hablar sin tener prueba de algo porque se ve que son muy peligrosos«, añadió. 

La empleada del IPAP sostuvo que «en el momento en el que ella gritaba que nos fuéramos entró el señor Scalesi a pedir explicaciones».

«Lo que voy a decir es absolutamente personal. La verdad es que lo hizo como lo haría cualquier secretario General defendiendo a sus trabajadores. No le faltó el respeto, no dijo todas las barbaridades que dice esa denuncia que dijo. Lo tengo filmado y por esa filmación hoy me incautaron el teléfono«, manifestó-

Fuente: VDM

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