Luego de 3 horas con varios planteos de la Defensa, la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta este martes a las 16.30. El legislador y el intendente de SAO están acusados de haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente a cambio de dinero y drogas, en el año 2017.

Con una audiencia de 3 horas, comenzó hoy la Formulación de Cargos contra el legislador provincial Javier Iud y el intendente de San Antonio Oeste (SAO), Luis Ojeda, ambos cuestionados de haber mantenido relaciones sexuales con una adolescente a cambio de dinero y drogas, en el año 2017.

Luego de escuchar los planteos de las partes, el juez Juan Martín Brussino Kain dispuso un cuarto intermedio y determinó que la audiencia continúe este martes 30/4, a las 16.30 horas, cuando dará respuesta a las exposiciones.

Los hechos que se le imputan al legislador del Frente para la Victoria (FpV) habrían ocurrido en un departamento ubicado en la parte trasera de una confitería de las afueras de SAO. En el caso del intendente del Partido Justicialista (PJ), en tanto, habría mantenido relaciones sexuales con la misma adolescente en un departamento.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen encuadró los hechos en el delito de «corrupción de menores» y señaló que fueron tendientes a «corromper el normal comportamiento sexual de la víctima».

Entre las pruebas que presentó figuran la denuncia penal presentada por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), el relato de la menor víctima efectuado bajo el dispositivo de cámara Gesell, el informe del cuerpo de investigación judicial y el resultado de las ruedas de reconocimiento. En este sentido aclaró que el estado de la víctima durante la medida en la que no reconoció a los imputados, era de un «alto grado de angustia en el marco del cual admitió haber sido amenazada».

Agregó además el relato de diversas operadoras de la SENAF, el reconocimiento de los lugares realizado por la víctima y principal testigo en SAO, y la pericia psicológica que se le efectuó.

La defensa de los imputados cuestionó primero la incompetencia del juez Brussino Kain porque, según argumentaron, la descripción de los hechos corresponde a un delito de competencia federal por relacionarse con la entrega de estupefacientes. Además, no sólo los abogados sino también los imputados que ejercieron su derecho de defensa, realizaron diversas consideraciones respecto a la formulación de cargos.

A su turno, la Fiscalía respondió cada uno de los planteos precisando en primer término que el delito que se investiga es el de «corrupción de menores» y que los datos referentes a la comercialización de estupefacientes habían sido informados oportunamente al Juzgado Federal.

En cuanto a las imprecisiones marcadas por los imputados, luego de aclarar que «en esta instancia inicial no corresponde la valoración de la prueba», plantearon que la Defensa eligió algunos pocos ejemplos de la prueba existente pretendiendo «mostrar incongruencias que no existen».

Aclararon que, en este tipo de casos, la precisión temporal es suficiente y que la misma (así como las circunstancias de lugar) «exceden los requeridos en esta instancia del proceso» enfatizando en que no hubo «afectación alguna al derecho de defensa».

Fuente: Ministerio Público Fiscal

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