Los días 13, 14 y 15 de mayo de 8 a 15 horas se realizará el debate oral y público que tiene como imputado al médico ginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por detener un aborto legal que estaba en curso.

Al ginecólogo Leandro Javier Rodriguez Lastra se lo acusa de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» por actuar activamente para anular el proceso de un aborto, sin informar a la paciente qué droga le estaba suministrando ni cuáles eran sus efectos.

El juez Álvaro Javier Meynet estará al frente del juicio que se realizará los días 13, 14 y 15 de mayo en Cipolletti y promete captar la atención de amplios sectores de la sociedad. 

Rodríguez Lastra será defendido por el abogado de Viedma, Damián Torres, y la Fiscalía estará 

representada por Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Annabella Camporesi.

En este marco, el juez Meynet fijó algunas “pautas de organización” en atención al interés periodístico y de distintas agrupaciones acerca de lo que ocurra en el debate. Según planteó se buscará “garantizar lo más ampliamente posible la participación ciudadana” mientras se respete el Código Procesal de la provincia y lo permita el espacio físico.

“La fase del juicio oral y público es la fundamental de todo proceso penal pues permite la amplia y libre discusión de las partes sobre sus pretensiones, para lo cual éste magistrado debe garantizar el ejercicio de sus derechos libres de cualquier turbación o interferencia”, recordó el juez que adelantó que “no se permitirá el ingreso a la sala de personas que mediante distintivos, pancartas, u otro elemento manifiesten, expresen o exterioricen sentimientos a favor o en contra de la situación legal del acusado”.

Con respecto al ingreso a la sala, estableció que se dará prioridad a los familiares directos del acusado o del querellante particular si lo hubiere; luego a las organizaciones o agrupaciones que lo soliciten destinando los lugares disponibles en forma equitativa y finalmente al público en general.

El caso

En abril de 2017, una joven de 21 años ingresó al Hospital de Cipolletti buscando atención para terminar con la interrupción de su embarazo que había iniciado al ingerir «oxaprost». La paciente se presentó con su Consentimiento Informado y una Declaración Jurada en la que indicaba que había sido víctima de una violación (uno de los supuestos previstos por la ley).

Rodriguez Lastra estaba de Guardia y fue quien recibió a la mujer. Al enterarse de la situación, sin mediar intercambio, se opuso a la decisión suministrando un medicamento para impedir el aborto.

La víctima no pudo abortar, su embarazó llegó a terminó y dio a luz a un niño, que luego fue dado en adopción. Afectada psicológica y emocionalmente por la situación, meses más tarde intentó quitarse la vida.

En un contexto nacional de fuerte debate sobre el tema, su accionar y declaraciones posteriores «a favor de las dos vidas», generaron la intervención de la legisladora Marta Milesi que presentó una denuncia penal en su contra.

También hubo manifestaciones públicas de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones civiles.

Fuente: VDM

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