La denuncia por una estafa en contra de la obra social Ipross que fue presentada por las propias autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro podría llegar a afectar no solamente a varios farmacéuticos de la región sino también a empleados de esa institución y a funcionarios que podrían estar vinculados a esa maniobra.

La denuncia ya derivó en allanamientos en Roca y Allen. Mientras que desde el colegio se estima que este mediodía darán a conocer un comunicado de prensa explicando los motivos por los cuales se presentaron ante el Ministero Público Fiscal.

Según la información publicada hoy por el diario Río Negro, la megaestafa podría alcanzar los 100 millones de pesos a partir de una serie de maniobras que habría comenzado hace cinco años. «Esta maniobra cruzó varias gestiones del Colegio y del Ipross», dijo una fuente de esa entidad que pidió reserva de su identidad.

En los últimos días se ordenaron dos allanamientos. Uno en el propio colegio de donde retiraron computadoras y documentación. Y otro en la vivienda particular de una de las empleadas que reside en la ciudad de Allen.

De acuerdo a la publicación del diario, «el centro de la maniobra está el pago de medicamentos para tratamientos de pacientes con diabetes y epilepsia, que cuentan con cobertura del 100% por parte del Ipross».

La descripción de los hechos indica que la obra social abonó durante un prolongado período remedios que en realidad no llegaron a manos de ningún afiliado. Se elaboraron con recetas «truchas» y medicamentos agregados en recetas ya validadas por el sistema informático que regula las operaciones entre las farmacias y el Ipross forman parte del nudo de la historia.

Operativos

La causa -según Río Negro- se abrió el lunes 13, con la presentación de la denuncia, y está a cargo de la fiscal jefa, Teresa Giuffrida y del fiscal Gastón Britos Rubiolo.

Luego de evaluar los datos aportados por las autoridades del Colegio de Farmacéuticos, desde el Ministerio Público se ordenó una serie de medidas para recabar pruebas.

En ese sentido, el miércoles 15 se allanó la vivienda de una empleada de la entidad, en Allen, en tanto que este lunes 20 se secuestraron computadoras y expedientes en la sede del Colegio, ubicada en la calle Mitre al 900 de nuestra ciudad.

Se calcula que este mediodía, la comisión directiva de la entidad dará a conocer un comunicado de prensa brindando los detalles de la denuncia que efectuaron.

«Esto surgió por la exposición que hizo un farmacéutico y llegamos a detectar esto por eso hicimos la denuncia. Pero lo llamativo que Ipross también tenía su método de validación de las operaciones que se pagaban y nunca se detectó denunció nada irregular», dijo una fuente del colegio consultada por este medio.

«Esta maniobra cruz varias gestiones del colegio y del Ipross», dijo la fuente consultada por este medio, quien agregó que resulta «insólito» que la entidad que cobra (en este caso el Colegio de Farmecéuticos) haga la denuncia y no la afectada (Ipross). Algo más estaba fallando», dijo.

¿Qué dicen desde el Ipross?

Según el informe publicado por el diario Río Negro, el actual presidente del Ipross, Claudio Di Tella, dijo ayer que en este caso “no tenemos nada que ver” porque “los responsables de controlar la facturación son ellos”. Aludió así al convenio firmado en el 2011, que asignó la responsabilidad de auditoría al Colegio de Farmacéuticos.

Di Tella detalló que luego de esa revisión inicial de la entidad, la obra social recibe las recetas a caja cerrada y se hacen muestreos de control, porque es imposible verificar receta por receta.

De todas maneras, adelantó que a partir del próximo convenio, que se pondrá en marcha en poco tiempo, el validador lo manejará el Ipross. 

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