Ocurrió en el supermercado Chango Más. Un policía lo acusó de un supuesto robo anterior, le prohibió el ingreso y lo llevó detenido.

Según expresa el fallo de primera instancia, que aún no se encuentra firme, el hecho ocurrió en el interior del supermercado Chango Mas de Cipolletti, ubicado en el barrio Don Bosco.

El hombre se encontraba junto con su familia realizando las compras cuando un policía que hacía adicionales como seguridad lo abordó diciéndole que tenía prohibida la entrada por un supuesto robo con anterioridad. El efectivo policial lo retiró hacia el exterior, lo esposó y se lo llevó detenido a la Unidad 24 donde lo dejaron demorado hasta el otro día. Una vez liberado, se le inició una contravención en el Juzgado de Paz.

Tras la violenta situación que vivió, el hombre promovió la demanda civil y alegó que el trato fue humillante sobre todo porque se encontraba con su familia y su hija pequeña.

Desde Comunicación Judicial informaron que, durante el trámite judicial, ni el policía ni el gerente del comercio se presentaron a declarar ni respondieron los oficios en los que se requería informen sobre la contravención denunciada por el agente policial ni lo sucedido en el local.

Tampoco aportaron prueba en relación al supuesto hurto anterior del que se valió el uniformado para sacarlo del local y luego detenerlo, pese a que mencionaron que se contaba con una grabación.

La sentencia hizo alusión a que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor admite el principio de protección al consumidor y que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los usuarios de bienes y servicios tienen derecho a un trato equitativo y digno.

Se estableció también que el propietario del supermercado debe responder por los daños ocasionados por las tareas de seguridad, aun cuando el servicio estuviera terciarizado.

La condena estableció una indemnización de $83.070 que incluye los gastos de honorarios y sellados que el hombre tuvo que desembolsar ante el Juzgado de Paz por la contravención que le iniciaron y ante el Centro Judicial de Mediación. También la suma de $40 mil por daño moral y la suma de $10.860 para afrontar el tratamiento psicológico recomendado por la perito.

Fuente: LMC

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