Con la presencia de funcionarios del Ejecutivo Municipal de San Antonio Oeste, Concejales y el Presidente del Tribunal de Cuentas se reunió ayer la comisión interpoderes para el tratamiento del proyecto de Ordenanza que establecerá la obligatoriedad para los funcionarios públicos de todos los niveles y poderes del gobierno local de la realización de análisis bioquímicos y médicos que determinen el consumo de sustancias tóxicas ilegales.

Durante el encuentro se recabaron las opiniones de los miembros del órgano conformado para este fin específico con la intención de avanzar en el texto definitivo que permita sancionar la norma.

Por el Ejecutivo estuvieron los dos representantes designados por el Intendente, el Secretario de Gobierno Luis Noale y el asesor legal Gustavo Arbués; por el concejo Deliberante los presidentes de los distintos bloques junto a Fabrio Mirano y por el Tribunal de Cuentas su presidente Jorge Lopez.

Al término de la reunión, el Intendente Municipal Luis Ojeda, destacó que “el consumo de sustancias ilegales y su venta clandestina son la base del 90 por ciento de los delitos y hechos que atentan contra la seguridad de los vecinos de la ciudad, como robos, hurtos, accidentes de tránsito, peleas callejeras, entre otras situaciones y los sanantonienses debemos tener un intendente, secretarios, concejales y revisores de cuentas independientes de aquellos que lucran en desmedro de la salud y la integridad de nuestros ciudadanos”, agregó Ojeda.

Por ello, el jefe comunal se mostró preocupado por la dilación que el tratamiento del proyecto está sufriendo en el seno del Concejo Deliberante y requirió a las autoridades del Poder Legislativo local que “avancen en el análisis para despejar cualquier suspicacia que podría originar lo que a priori pareciera una negativa a aprobar la propuesta, por parte de algunos integrantes del Concejo”, afirmó.

El jefe comunal resaltó que el proyecto fue presentado en Diciembre de 2018 y lleva 9 meses sin haber sido tratado. “No entendemos la razón por la cual no se pueda tratar una ordenanza de esta importancia, los que tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro pueblo debemos estar sanos, quienes tienen una adicción se deben tratar porque están administrando recursos públicos”. Además agregó que “un funcionario que tenga una adicción obviamente tienen trato con gente que no está en el marco de la ley, le compra a un dealer o a gente que anda en la venta de droga y entonces queda condicionado para poder ejercer controles y cumplir su función”.

Se quejó de que “pasaron 9 meses y ahora se creó una comisión interpoderes para seguir analizando, no nos parece que sea una norma tan compleja, por lo menos que se expresen, digan si la van a aprobar o no”.

Explicó que según el proyecto de ordenanza “no solamente deben hacerse análisis de orina, de sangre, rinoscopias y controles psicofísicos los funcionarios actuales sino también quienes se postulen”

También se mostró molesto debido a que de la comisión reunida ayer se emitió un dictamen que instruye analizar la cuestión jurídica y de salud. “Estas cosas siguen dilatando el proyecto” manifestó.

Finalmente anunció que “lo traten o no lo traten yo me voy a hacer los análisis e invito a todos a que lo hagan. Si alguno le diera positivo no significa estigmatizar a nadie, sino que se le requerirá que se someta al tratamiento que corresponda para que la sociedad esté tranquila de que sus funcionarios están sanos.

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