El juez civil de Viedma Leandro Javier Oyola ordenó el embargo de cuentas bancarias de Miguel Ángel Irigoyen, el ex interventor de Lotería rionegrina que permanece prófugo de la Justicia desde 2016 tras ser sentenciado a 5 años de cárcel por recibir coimas mientras estuvo al frente del organismo.
La demanda la entabló la Agencia de Recaudación Tributaria provincial a través de una ejecución fiscal, por obligaciones impositivas que no se cumplieron. 


En su reciente resolución, Oyola condena al ex dirigente radical volcado luego al FPV y conocido empresario de medios de comunicación y propietario de campos, a pagar 54.233 pesos en concepto de capital, más un adicional de 5.423 pesos por intereses y costas, importes sujetos a la liquidación definitiva.
Para ello ordenó embargar las cuentas que Irigoyen posea en el banco Nación Argentina, tanto en moneda nacional como extranjera, en cuenta corriente o fondos de inversión.

Instruyó que las sumas que fueran embargadas deberán ser depositadas en una cuanta judicial del banco Patagonia, sucursal Viedma.
Irigoyen permanece prófugo desde agosto de 2016, cuando el Superior Tribunal de Justicia ratificó un fallo de la Cámara Criminal de Viedma dictado 15 años antes.
Pero cuando la policía lo fue a buscar para que comenzara a cumplir la pena, escapó y nunca más se supo de él. 


Hasta el momento no se informó de operativos organizados en su búsqueda, ni tampoco se ofreció recompensa para quienes aporten datos sobre su paradero, como sucede con otras personas que delinquen.
Miguel Irigoyen, que siempre sostuvo su inocencia y se esforzaba por “vindicar su buen nombre y honor”, fue hallado culpable en 2009 del delito de “cohecho pasivo (aceptar coimas) en forma continuada. 
En la causa aparece un consorte, Carlos Isidoro Ferrari, empresario que regenteaba casinos en la provincia, condenado a cuatro años y que también escapó.
Según comprobó la investigación judicial, Irigoyen flexibilizó el cumplimiento de controles de la firma, a cambio de dádivas.
Se estimó que Ferrari le pagó sobornos por 1.1 millones de pesos entre 1999 y 2001 para garantizar las concesiones que explotaba.

Fuente: El Mallín

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