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El juez de Garantías, Favio Corvalán, imputó hoy a 22 hombres y a dos mujeres domiciliados en distintas localidades de la zona por haber participado con sus perros galgos en un programa de carreras que se realizaba ayer en una chacra de General Conesa, y que fue frustrado por un imponente operativo policial.
Por acuerdo arribado entre la fiscal Mariela Coy, quien encabezó la investigación, el defensor Oficial, Carlos Dvorzak y el abogado particular Miguel Flores, se les concedió la suspensión de juicio a prueba, por lo que deberán realizar tareas comunitarias (probation), pagar una multa y un resarcimiento, entre otras pautas de conductas, por el término de un año.
Todos quedaron en libertad.


La audiencia se realizó hoy en la Oficina Judicial Penal de esta localidad, cuya sala estuvo desbordada por sus reducidas dimensiones.
Fue en dos partes. Primero asistieron 12 de los acusados que fueron defendidos por Flores. Luego el resto asistidos por Dvorzak (foto).
La dependencia judicial estuvo llena de gente, pues llegaron varios familiares y conocidos de los involucrados que esperaron en la vereda que concluyera la diligencia.

Pruebas irrefutables
Los acusados fueron detenidos ayer poco antes del mediodía en el momento mismo en que se desarrollaban las competencias, en un inmueble de colonia San Juan, donde se habían concentrado alrededor de 300 personas, y cerca de 50 vehículos.
Por su número, algunos de los imputados fueron alojados en la Comisaría 20na de Conesa, mientras que los otros fueron trasladados a la unidad 10ma de San Antonio, y a la 29na de Las Grutas.


La fiscal Coy les reprochó haber violado la Ley Nacional 27330 (que prohíbe las carreras de canes en todo el país), y el artículo 45 del Código Penal.
Entre el material probatorio, Coy presentó el informe policial del allanamiento realizado en el predio rural, con fotografías y videos tomados por un dron, declaraciones de testigos y programas impresos donde aparece cada carrera con la distancia, los nombres de los animales participantes, sus propietarios y procedencias.


También destacó el secuestro un partidor metálico para varios ejemplares (gatera), una rastra que utilizaban para emparejar la pista, que se encontraba en buen estado de mantenimiento, y 27 perros que se encontraban en buen estado de salud, según constató un veterinario. Estos ejemplares fueron entrados a familiares y conocidos de los detenidos, salvo dos que quedaron al resguardo de la Sección Canes de la policía.

Un dato que se filtró
La investigación por el encuentro competitivo se inició hace unas dos semanas, por un dato que llegó a la Fiscalía, donde se especificaba el día y el lugar de realización.
A partir de allí Coy encomendó a la Brigada Rural y a la Comisaría de General Conesa que profundizaran las indagaciones para corroborar las sospechas, lo que fue ratificado.
Así, el domingo por la mañana la funcionaria encabezó la operación que contó con la participación de efectivos de aquellas dependencias, más del área de Tránsito, Brigada Rural de San Antonio y un equipo del grupo COER- Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-.
Fueron justamente estos últimos los primeros en irrumpir en el lugar para sorpresa de la multitud, que se vio rodeada de uniformados.
De acuerdo a lo que expuso la Fiscal, el acontecimiento había sido bien organizado, pues participaban competidores provenientes de distintos puntos de la zona.
De hecho, entre los imputados había personas de Conesa, Lamarque, Chimpay, Luis Beltrán, Darwin, Cincos Saltos, General Enrique Godoy y San Antonio Oeste (todas localidades de Río Negro), y de Santa Rosa (La Pampa), Olavarría (Buenos Aires), Puerto Madryn y Rawson (Chubut).

La acusación
La imputación está centrada en la violación de la Ley Nacional 27330, puntualmente su artículo 2, que establece penas de prisión de entre 3 meses y 4 años y una multa de entre 4.000 y 80.000 pesos para quien “organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza”.
También los responsabilizan por transgredir el artículo 45 del Código Penal, que sanciona a “Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”.

Multa, resarcimiento y trabajos comunitarios
Los 24 acusados admitieron haber cometido los delitos que se les enrostró, lo que permitió avanzar en la suspensión del juicio a prueba.
Por el acuerdo arribado entre las partes, avalado por el juez Corvalán, cada uno de ellos deberá abonar un resarcimiento de 2.000 pesos destinado SOS Rescate Perros Conesa, una organización que se dedica a proteger animales.
Mientras que también deberán pagar una multa de 4.000 pesos, que es el mínimo que impone la normativa nacional.
Asimismo, tendrán que cumplir tareas comunitarias (probation), en instituciones de la localidad de cada uno, lo que deberán informar al Patronato de Presos y Liberados.
También deberán abstenerse de cometer cualquier tipo de delitos.
En este aspecto, dos hombres mayores de 70 años quedaron exentos de cumplir la probation por su edad avanzada.

Fuente: El Mallín

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