Existen familias en situación de calle o desalojo e incluso discapacitados que fueron discriminados en el último otorgamiento

Hoy a partir de las 10, la CTA Autónoma protestará frente a la Municipalidad de General Roca con el objetivo de denunciar el recrudecimiento en la ciudad de un sistema clientelar en la entrega de terrenos; práctica que se había desterrado durante los últimos años, característicos a los gobiernos de la UCR que habían gestionado la comuna con anterioridad.

«Lo que ha ocurrido con la última entrega de terrenos es muy grave porque se ha alterado el orden del listado de espera para el banco de tierras fiscales y violentado todo el procedimiento estipulado. Sin lugar a dudas se está volviendo a instaurar en la ciudad un sistema clientelar similar al que existía con el radicalismo y que tanto esfuerzo se hizo por superar. Tenemos que evitar que existan enfrentamientos entre pobres como algunos esperan, porque las 22 personas que lograron los lotes también tienen necesidades extremas», señaló el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar.

«Las graves irregularidades se evidenciaron cuando se probó la existencia de familias en situación de pobreza e indigencia que habían cumplido con todos los requisitos y cuentan con legajos anteriores, que en algunos casos dan cuenta de hasta ocho años de espera, llegando al extremo de existir algunos casos en los que el núcleo familiar está compuesto por discapacitados», precisó el dirigente.

La central sindical basa su postura en el hecho que pudo comprobar que en el último otorgamiento de 22 lotes que hizo la comuna existió una grave discriminación y se vulneró el mejor derecho que tienen familias en situación de calle o desalojo que ya acumulan más de cinco años y algunas llegan a siete años de espera, habiendo cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por el poder ejecutivo local y que sin embargo se decidió dar prioridad a otras personas, a las que seguramente corresponderá por idénticas necesidades, pero que cuentan con una menor antigüedad y la sospecha, además, que existió una colaboración directa en las campañas para la gobernación y la intendencia de los hermanos Soria.

La central obrera señala que semejante inequidad e injusticia generó la reacción de cientos de familias que se sienten afectadas, llegando al colmo de que algunas cuentan con integrantes discapacitados, porque desde hace años vienen realizando trámites como la presentación en el área de Desarrollo Social y Centros Comunitarios, contando ya con el informe socioambiental o encuesta social y habiendo presentado toda la documentación exigida como contrato de alquiler, órdenes de desalojo, prueba de situación de calle y certificaciones de ANSES probando la inexistencia de ingresos.

Para la CTA queda en evidencia la irregularidad e ilegalidad manifiesta en la que incurrió el municipio, toda vez que recién cuando Desarrollo Social remite el trámite a Catastro se abre el «plazo de espera» en el Banco de Tierras Fiscales y es en ese momento que se le adjudica a cada familia un número de legajo.

El tiempo transcurrido da cuenta que en la última entrega el sistema fue violentado y que en el caso puntual no se respetaron las listas, informes profesionales, composición del núcleo familiar, ni el orden de prioridades, siendo obligación indelegable del Estado garantizar el acceso a la tierra para poder desarrollarse dignamente.

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