Durante 2020 se implementaron o actualizaron más de 20 sistemas informáticos destinados a diversas áreas del Poder Judicial, que permitieron la digitalización prácticamente total de los juicios en todos los fueros, de las actividades judiciales internas y de la articulación del trabajo con organismos externos al servicio de justicia en Río Negro.

Todos los desarrollos fueron propios, a cargo de los y las profesionales que integran el área de Informatización de la Gestión Judicial, y posibilitaron un salto cualitativo que no sólo permitió la continuidad del servicio en el contexto de la pandemia, sino que consolidó para el futuro la política de modernización definida por el Superior Tribunal de Justicia en los últimos años.

Las implementaciones más visibles fueron la MEED (Mesa de Entrada de Escritos Digitales) que comenzó a funcionar en abril para que ningún profesional de la abogacía o auxiliar del servicio se vea obligado a acudir personalmente a los edificios judiciales, y el Expediente Digital, un cambio histórico para el Poder Judicial que funciona desde agosto para todos los procesos de los fueros Civil, de Familia, Laboral y de la Justicia de Paz (el fuero Penal ya estaba digitalizado), y se aplica desde el inicio de la tramitación hasta la sentencia.

Además, a partir de junio, cuando se comenzó a retomar la atención presencial en los edificios judiciales, se implementó el Sistema de Turnos Digitales desde la portada de la página web del Poder Judicial. Y se garantizó la continuidad de las Audiencias Remotas en todos los fueros, las capacitaciones y las reuniones institucionales, utilizando más de 100 cuentas de la plataforma Zoom -entre las que fueron adquiridas con licencia y las que son de uso gratuito-.

Todo fue posible por la instalación de 1.800 puestos de teletrabajo a través del Protocolo Seguro de Conexión VPN para dar continuidad a las funciones de cada organismo.

Con la implementación del Expediente Digital, Río Negro se convirtió en la tercera provincia del país, luego de San Luis y La Pampa, en contar con este sistema, con la particularidad en este caso de ser un software de íntegro desarrollo propio.

Consolidación

Hubo muchas otras implementaciones más «silenciosas» pero igualmente imprescindibles durante el año de la pandemia, comenzando por la migración a servidores propios de la mayoría de las aplicaciones -tanto de uso público como interno- de la página web del Poder Judicial, las cuales hasta julio de 2020 se alojaban en servidores tercerizados.

Por otra parte se ampliaron los canales digitales de pago de Tasas y Sellados del servicio de Justicia. Si bien los formularios ya estaban informatizados, sólo podían ser cancelados en forma presencial en sucursales del Banco Patagonia. Con el nuevo sistema, en convenio con la Agencia de Recaudación Tributaria, a partir de octubre se implementaron las modalidades de pago por medios electrónicos como MercadoPago, Pagomiscuentas, Rapipago y Pago Fácil.

Se deben sumar la informatización total del Registro de Juicios Universales y del Registro de Auxiliares Externos del Servicio de Justicia, así como la integración de la Conciliación Laboral Obligatoria en la provincia (vigente desde diciembre de 2020) con el sistema de expedientes digitales, para avanzar hacia la gestión y homologación virtual de los acuerdos que se alcancen en los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

La digitalización también se afianzó en los procesos internos, con actualizaciones clave en algunas de las 30 aplicaciones que ofrece la Intranet del Poder Judicial, especialmente orientadas a la autogestión y al seguimiento on line de los trámites. Un ejemplo fue el sistema de emisión de declaración jurada de circulación por la pandemia de Covid para quienes realizaron trabajo presencial durante el ASPO y el DISPO. Otro ejemplo es el Sistema de Administración de Licencias para totalidad de los integrantes del Poder Judicial, sin distinción de cargo o función. Este desarrollo permite al agente solicitar sus licencias de manera virtual, llevando un control personal y permanente de sus licencias usufructuadas y pendientes, y del mismo modo la autoridad concedente las aprueba o rechaza y el área de Gestión Humana hace el seguimiento en cada caso.

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