Duro dictamen de la Controlaría por irregularidades en el Instituto de Tierras y Viviendas.

El Tribunal del Contralor local envió al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas de la Provincia el dictamen sobre la actuación del Instituto de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social en la gestión que finalizó el 8 de diciembre de 2019. Los integrantes del cuerpo consideraron, por unanimidad, que las acciones revisadas ameritan una investigación exhaustiva y/o una eventual presentación ante la Justicia por parte de la Municipalidad.

El Tribunal observó, luego de analizar la documentación, que existen faltas de cumplimiento con las formalidades administrativas establecidas por la normativa vigente y «faltas de claridad en el manejo de los fondos puestos a su disposición».

Entre los puntos cuestionados por el cuerpo, se menciona el otorgamiento de terrenos sin los informes sociales correspondientes y sin convenios suscriptos; el incumplimiento de las ordenanzas vigentes respecto a la urbanización de loteos, habiéndose vendido y/o otorgado lotes destinados a espacios verdes. 

Uno de los aspectos más delicados en el dictamen elevado al Concejo indica que existió un incumplimiento del contrato celebrado con la empresa La Plata Rucamalen. El dinero generado por la comercialización de lotes no se utilizó para su destino específico, «ingresando dichos montos a Rentas Generales y cuya utilización se distribuyó en gastos operativos, distantes de los objetivos establecidos».

Ese incumplimiento -continuó- produjo un incremento del pasivo del Municipio de Choele Choel y según el informe de la secretaría de Planificación y Ambiente implicaría una suma aproximada a los 20 millones de pesos.

El presidente del Tribunal, Nicolás Caruso, comentó que el dictamen ya fue enviado al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas de la Provincia. «Pueden iniciar acciones legales si lo consideran», explicó Caruso sobre el recorrido que podría tener el dictamen. Se mostró preocupado por el poco apego de los Ejecutivos a la legislación propia de la administración pública. «No se adaptan a la normativa», se lamentó.

El dictamen 

Los miembros del Tribunal indicaron que no existen pruebas de que el Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda para el Hábitat Social haya cumplimentado todos los pasos legales para su constitución y funcionamiento formal, salvo la sanción de la propia ordenanza que definió su constitución.

Además, observan que la operatoria seguida por el Instituto no cumple con la Carta Orgánica Municipal, las ordenanzas, su estatuto, el reglamento interno y la Ley de Administración Financiera y la Ley de Contrataciones.

El cuerpo detectó que el argumento utilizado -la Emergencia Habitacional- no es válida porque según ordenanza tiene fecha de finalización el 9 de abril de 2014. «No hay prueba de renovación», indica el texto del dictamen firmado por Nicolás Caruso, Norberto Perouene, Miguel Ángel Alcaraz y César De Ángelis.

Considera «posible la ocurrencia de un incumplimiento a los deberes de funcionario público y de una posible malversación de fondos públicos en la figura de la persona que ejercía la presidencia del Instituto Municipal de la Tierra y de la Vivienda para el Hábitat Social, y de las personas que figuran como firmantes intervinientes en la celebración de los convenios de adjudicación de los terrenos sociales».

El programa de Terrenos Sociales 

La ordenanza 17/2010 creó el Programa de Terrenos Sociales. Con esta herramienta se permitió la afectación de terrenos municipales para luego adjudicarlos bajo un criterio de equidad y que otorgue prioridad a las familias de mayor emergencia habitacional. Se reservan y destinan 80 terrenos de aproximadamente 200 metros cuadrados cada uno.

El 30 de enero de 2011 se sanciona la ordenanza 59/2011 que aprueba la celebración de un convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de Choele Choel y la sociedad comercial La Plata Rucamalen S.R.L. para la urbanización de la fracción del inmueble que incluyen tierras municipales, equivalentes 346.349,17 metros cuadrados.

El 9 de abril de 2012 se sanciona la ordenanza 27/2012 que declara la Emergencia Habitacional y de Infraestructura Social Básica. La norma establecía un régimen excepcional para acelerar el proceso de adopción de soluciones a la crisis habitacional. En esa misma ordenanza se encomienda al Poder Ejecutivo la inmediata puesta en marcha del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social.

El Tribunal observa una fractura en el correcto procedimiento administrativo porque el 9 de abril de 2012 se sanciona la ordenanza que crea el Instituto de Tierra y Vivienda como un organismo autárquico, pero el organismo ya había sido creado un mes antes por la ordenanza 28/2012. 

Terrenos «flojos de papeles» 

El Tribunal detectó que existen 10 terrenos adjudicados cuya titularidad no cuenta con documentación respaldatoria. Algunos cuentan con documentación defectuosa «por estar suscripta por funcionarios sin representatividad legal». No estaban formalmente autorizados para realizar esas acciones.

Además, se informó que existen lotes comercializados que estaban destinados y/o afectados a espacios verdes y/o reserva fiscal, según surge del convenio original. El Tribunal constató que no se cumplieron los procedimientos administrativos de desafectación de los mismos. Y, según acotan en el texto del dictamen, esta acción se corresponde con una disposición que afecta el patrimonio municipal. En el artículo 146 de la Carta Orgánica Municipal se contemplan estos casos con la declaración de nulidad absoluta.

Incumplimientos con la empresa 

El Tribunal tomó información de la Secretaría de Planificación y Ambiente para observar incumplimientos de compromisos asumidos por la Municipalidad de Choele Choel en el convenio que se suscribió con la empresa La Plata Ruca Malen (aprobado por ordenanza 59/2011) «ya que no se utilizaron los fondos para su destino específico».

Observaron que existen convenios sin firmas de las partes intervinientes, en algunos figura solo el sello del intendente Daniel Belloso con la firma de la Sra. Dora Barbosa u Oscar Núñez. «Existen convenios firmados por personas no autorizadas y firmados inicialmente a favor de determinada persona y a posteriori son transferidos por cesión de derechos o por una nueva adjudicación a otra persona», indican.

Cuestionamientos en la ejecución presupuestaria del Instituto 

La Contraloría analizó los estados de ejecución presupuestaria del Instituto de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social. Concluyó que los fondos administrados ingresaban como «Recursos Propios de Capital», «no teniendo una partida específica identificable para su gestión y control. Con respecto al destino de los fondos, tampoco existe una partida específica que los identifique y los gastos se imputan a las partidas de gastos del Programa de Obras Públicas.

Fuente: 7 En Punto

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