Cinco de los 6 acusados de la trágica muerte del joven oficial Mandagaray escucharon los cargos en su contra. Tenían que capacitar al grupo especial COER, pero violaron leyes y reglamentos y terminaron imputados por «homicidio culposo», «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La fiscalía deslindó responsabilidad, definitivamente, de la Jefatura de la Policía de Río Negro en uno de los casos más polémicos de la fuerza de seguridad.

En el marco de la investigación por la muerte del joven oficial, Gabriel Mandagaray, este martes 2/11 se formularon cargos contra el jefe del servicio, Alejandro Gabriel Gattoni, y a los instructores Alfredo Roberto Nahuelcheo y Marcelo Ariel Contreras por «homicidio culposo», «abuso de autoridad» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Además, se acusó al al director de Capacitación y Perfeccionamiento, Carlos Víctor Grasso, y al jefe de Departamento, Oscar Alberto Szymañsky por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Durante la jornada, estuvieron presentes cinco de los 6 acusados (cuatro en el lugar y uno por videoconferencia). El tercer instructor involucrado, Maximiliano Ariel Vitali Méndez, se excusó de esta audiencia pero escuchará los cargos el miércoles 10/11.

El fiscal Guillermo Ortiz aclaró que el curso de entrenamiento básico del COER se realizó burlando la Resolución 2748 que había sido aprobada por la Jefatura de la Policía de Río Negro y detalló los hechos ocurridos desde el 12 hasta el 15 de abril de este año, «en un lugar y en condiciones que no eran las aprobadas, omitiendo ilegalmente el cumplimiento de esa norma».

Ortiz informó que el curso empezó en la Estancia Las Marías, en la ruta 51, lugar en el que obligaron a los cursantes a ingresar en un estanque de agua para luego iniciar una caminata de 40 kilómetros hasta llegar al balneario Bahía Creek donde acamparon hasta el día 15.

sometieron a los cursantes a un excesivo desgaste físico y psicológico, desproporcionado con el curso que se desarrollaba y generando en los cursantes heridas en pies y manos, complicaciones psicológicas, todo ello en un contexto de escasa alimentación y de hidratación, con una ración mínima diaria, sin suficiente descanso diurno y nocturno, sin controles o asistencia médica en el lugar, teniendo que curarse ellos mismos, sin medios de comunicación adecuados, sin equipos de primeros auxilios adecuados y obligando a los cursantes a soportar prácticas humillantes», detalló el fiscal.

Entre los actos de degradación, mencionó que los instructores orinaron a los cursantes (Nahuelcheo orinó a Mandagaray), que todos fueron obligados a colocarse máscaras de excrementos de animales sobre sus rostros, que tuvieron que ingresar al mar a altas horas de la madrugada, «en plena oscuridad y sin ninguna medida de seguridad, completamente desnudos para luego hacerlos caminar durante varias horas de la noche en esas condiciones»

Fue en ese contexto de estrés y desgaste físico, psicológico y emocional, en el que el 15 de abril, después de las 15 horas, Mandagaray y sus compañeros Quiriban y Erice, fueron obligados a ingresar al mar con el uniforme policial completo (incluso los borceguíes y las armas), «hasta una distancia donde no hacían pie» y «sin chalecos, sin torpedos, ni lanchas de apoyo, sin guardavidas ni control de Prefectura Naval u otro medio de seguridad».

Mandagaray había expresado a los 4 instructores y al jefe que «no sabía nadar». No obstante, lo hicieron ingresar al mar llevando, junto a sus compañeros, un tronco de 2 metros de largo para aumentar la dificultad. 

«Cuando intentan retornar a la orilla comenzó a dificultarse el regreso por las condiciones de la marea y la fuerte correntada. En ese momento, los otros dos fueron auxiliados por sus compañeros que estaban en la orilla esperando su turno para hacer el mismo ejercicio, mientras que Mandagaray no pudo salir del agua y fue expulsado del mar sin vida, una hora más tarde, a unos 200 metros del lugar a donde habían ingresado», describió Ortiz.  

Por esta situación, el fiscal acusó a los imputados de ser coautores de homicidio culposo (negligente, imprudente o sin pericia).

Durante la jornada también se acusó al comisario general Carlos Víctor Grasso (director de Capacitación y Perfeccionamiento), y el comisario Inspector Oscar Alberto Szymañsky (jefe de Departamento) por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

El fiscal consideró que no cumplieron con su rol de control «del lugar y la forma de realización del curso de COER en Viedma». «Esto posibilitó que se modificara el lugar de realización del curso, que se trasladó del kilómetro 15 de la Ruta 1 al balneario de Bahía Creek» en las condiciones negligentes y por fuera de la ley, como fue descripto. 

En la misma audiencia, el fiscal introdujo un cuarto hecho contra uno solo de los imputados. Acusó a Marcelo Contreras de «lesiones leves» de otro de los cursantes y sumó esa imputación al «abuso de autoridad en concurso ideal con el incumplimiento de los deberes de funcionario público» y el «homicido culposo». 

Los padres del joven de 25 años que perdió la vida, el comisario General Antonio Mandagaray, y la comisario mayor Adriana Fabi permanecieron en la sala, en silencio, junto a su representante legal Damián Torres, que respaldó los planteos de la Fiscalía y sumó sus propios elementos.

Finalmente, el juez Juan Martín Brussino, autorizó 4 meses de investigación penal preparatoria y medidas de restricción para todos los imputados que no podrán acercarse a menos de 200 metros de todos los jóvenes que participaron del curso y son testigos en la causa.  

En representación de los imputados estuvieron presentes los abogados defensores Manuel Maza y Luciano Perdriel, Edgardo Corvalán, Oscar Pineda y Pablo Iribarren, Juan Vicenty y Aldo Bustamante.

Fuente: VDM

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