El dirigente de Juntos por el Cambio pidió a la Justicia que allane el Municipio. Es por la contratación directa de una consultora para que realice encuestas sobre los servicios municipales.

El abogado y dirigente de Juntos por el Cambio, Nicolás Suárez Colman, presentó una denuncia penal contra la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, por «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber autorizado, de forma directa la contratación de la consultora Reyes-Filadoro, para realizar un sondeo de opinión de los vecinos de esa ciudad sobre los servicios municipales.

También denunció a María Florencia Filadoro, titular de la encuestadora para realizar un relevamiento telefónico sobre un universo de 1200 vecinos. La contratación directa por $4.489.100 está comprendida en la Resolución Municipal N° 1713/2022, del 21 de junio pasado.

Según expresó Suárez Colman en diálogo con Ahí Vamos por La Super FM 96.3 «el costo de la encuesta es muy superior a los informes recogidos de otras consultoras, con valores estimados en 450.000 pesos y además la contratación no cumplió incluso con los pasos administrativos correspondientes, puesto que conforme la resolución 008-TC-14, Artículo 2, Inc. 1, toda contratación, que tenga por objeto disponer y aprobar concesiones, licitaciones públicas, privadas, concursos de precios, deben tener la intervención del Tribunal de Cuentas Municipal por el plazo de 10 días, previa adjudicación de la obra, servicio, tarea, o concesión».

Tampoco se cumplió, dice el abogado roquense, con la Resolución Municipal 1780/2022 del 30 de junio, que «dispuso que el monto máximo para la contratación directa no podía superar los $423.000, indicando que desde dicha suma hasta los $1.755.000 debe haber concurso de precios y desde dicha suma hasta los $3.645.000 debe haber una licitación privada y superando dicha suma es obligatoria la licitación pública».

«Básicamente quede a la espera de que tanto fiscales como concejales de la oposición actuarán de oficio o pidieran a la justicia que investigara el hecho, pero lamentablemente luego de casi un mes el tema quedó sin ser investigado» indicó Suárez Colman.

El artículo 248 del Código Penal de la Nación señala que «será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere».

Fuente: La Súper Digital

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