Se debe a la imposibilidad de uno de los imputados de contar con su defensa, ya que el abogado está enfermo.

La causa por la estafa millonaria a la obra social provincial, Ipross, ingresaba hoy (jueves 18/5) en la etapa de juicio, pero hubo un aplazamiento hasta el 8 de junio.

De este modo el expediente por uno de los hechos más resonantes de los últimos años en Río Negro sufre otra dilación, que se suma a lo sucedido en numerosas audiencias.

Los imputados son Raúl Mascaró, Fabio Caffaratti y Rodolfo Mastandrea. Se los acusa del delito de estafa reiterada, agravada por cometerse contra la administración pública, considerando que los hechos se cometieron en concurso real. La ex auditora Sandra Fasano se encuentra en este momento con dificultades de salud y por ende fuera del proceso.

La reprogramación del juicio se debe a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa técnica adecuada de uno de los tres hombres imputados, atento a los problemas de salud que está atravesando su abogado defensor particular, indicaron desde el Poder Judicial.

Los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido y la jueza Laura Pérez, quienes integran el Tribunal de Juicio, rechazaron la posibilidad de iniciar este jueves el debate sólo con respecto a los otros dos imputados y de excluir al tercero para un futuro juicio.

Se definitió que la ausencia por razones de salud del abogado defensor “se encuentra suficientemente justificada” a partir de la información que brindó en la audiencia su médico de cabecera. En función de ese diagnóstico, el Tribunal explicó “el derecho del imputado a contar con el letrado que lo ha asistido durante la etapa previa, y cuenta con una estrategia de defensa ya acordada y definida a esta altura del proceso”.

De todas maneras, el Tribunal puso una fecha límite para comenzar el debate, definiendo un plazo para que el imputado pueda completar su defensa técnica.

Cabe mencionar que el derecho a la defensa en juicio es una de las principales garantías del debido proceso que establece la Constitución Nacional para cualquier persona imputada. “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, dice el artículo 18 de la Carta Magna.

La resolución definió, entonces, otorgar al imputado “un plazo que se estima prudencial y que compatibiliza el interés de todas las partes hasta el día 8 de junio de 2023 a las 8.30 hs, oportunidad en que se dará inicio a la audiencia de debate”. Ese día deberá comenzar el juicio con su actual defensor particular, si así lo permite su estado de salud, más un co-defensor de su confianza “a fin de cubrir cualquier tipo de eventualidad a lo largo de todo el juicio”, todo ello “bajo apercibimiento de designarle un Defensor Oficial”.

Se trata del juicio por la estafa millonaria a la obra social provincial, que se vio perjudicada en alrededor de 70.020.552,39 aproximadamente, de acuerdo a los datos del sistema informático Xarion y Xelion que usa el Colegio de Farmacéuticos.

El monto de la estafa se divide del siguiente modo:

$ 6.220.592,43 (Farmacia Fasano); 
$ 30.386.591,28 (Farmacia Tucumán); 
$ 14.056.807,59 (Farmacia Santa Teresita); 
$ 17.115.765,04 (Farmacia Araucana-Jacobacci)
$ 2.240.796,05 (Farmacia Farmacentro).

Además como prueba de la acusación se cuentan las numerosas recetas de medicamentos de los planes Epilepsia y Diabetes presentadas en la denuncia inicial del legajo, como también las requeridas a IPROSS por la Fiscalía, y que fueron peritadas. Las mismas tuvieron que ser rastreadas por la obra social y entregar las versiones físicas.

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